la Administración General del Estado y las entidades integrantes del sector público institucional perseguirán la eficiencia, transparencia y buen gobierno en la gestión de dichas sociedades mercantiles
se regirán por lo previsto en esta Ley, por lo previsto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, y por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que le sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de personal, de control económico-financiero y de contratación
excepcionalmente podrán disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública, pero en ningún caso la ley puede atribuirles el ejercicio de potestades administrativas
todas son correctas